Con el objetivo de reducir el déficit habitacional y mejorar las condiciones de vida de miles de hogares, el Gobierno nacional avanza en la implementación de programas de vivienda digna dirigidos a familias rurales y en situación de vulnerabilidad. A través de subsidios y proyectos de construcción y mejoramiento de vivienda, la estrategia prioriza a hogares campesinos, comunidades étnicas y población ubicada en zonas rurales dispersas, donde el acceso a una vivienda adecuada sigue siendo una de las principales brechas sociales. Estas acciones buscan garantizar espacios seguros, con servicios básicos y condiciones de habitabilidad que respondan a las necesidades reales de las familias en sus territorios.
Las intervenciones contemplan tanto la construcción de viviendas nuevas como el mejoramiento de estructuras existentes, incorporando soluciones de saneamiento básico, acceso a agua potable y adecuaciones que mejoran la calidad de vida de los hogares. Los proyectos se desarrollan de manera articulada con autoridades locales, organizaciones comunitarias y entidades del orden nacional, fortaleciendo la presencia institucional y promoviendo procesos de participación activa de las comunidades beneficiarias en la formulación y ejecución de las iniciativas. Además de su impacto social, la política de vivienda rural dinamiza las economías locales y genera empleo en regiones con altos índices de pobreza multidimensional, al tiempo que contribuye al arraigo y la permanencia de las comunidades en sus territorios. De esta manera, el Gobierno reafirma su compromiso con el derecho a una vivienda digna como base para el bienestar, la equidad y el desarrollo sostenible del país.