El Gobierno trabaja con operadores móviles en nuevas medidas para restringir comunicaciones no autorizadas en establecimientos penitenciarios, mientras enfrenta el desafío de impedir que el bloqueo afecte la señal de los sectores vecinos.
Una amenaza que ya deja cifras
El problema no es menor. Entre enero de 2025 y febrero de 2026, los grupos GAULA entregaron 57.343 registros asociados a denuncias por extorsión. Tras cruzar información con operadores y la ubicación de las cárceles, 9.474 fueron identificados como posibles llamadas originadas desde establecimientos penitenciarios.
Ese cruce permitió solicitar el bloqueo de 6.786 registros, mediante 49 resoluciones del INPEC. En total, durante la implementación del Decreto 851 de 2024, fueron bloqueados 4.590 números IMSI, asociados a tarjetas SIM, y 5.670 IMEI, correspondientes a equipos móviles.
La dimensión del fenómeno también se refleja en casos investigados por la Policía. En diciembre de 2025, una estructura dedicada a la extorsión digital desde La Picota y el Buen Pastor dejó 33 capturados, después de que los investigadores analizaran 4,8 millones de datos de cuentas bancarias y líneas telefónicas.
Del bloqueo de equipos al control de la señal
El siguiente paso está sobre la mesa. El 24 de agosto, la ministra TIC, Alexandra Falla, y el ministro de Justicia, Iván Cancino, se reunieron con Claro, WOM y otros operadores para definir alternativas contra las comunicaciones ilegales desde las cárceles. Los detalles técnicos todavía están en estudio.
Una herramienta que ya tiene respaldo normativo es el bloqueo de IMEI e IMSI. El Decreto 851 de 2024 permite identificar equipos y líneas utilizados para comunicaciones no autorizadas y solicitar su bloqueo a los operadores, cuando se establece su relación con actividades delictivas dentro de los establecimientos.
También existen sistemas de inhibición de señales dentro de algunos establecimientos. Sin embargo, su operación exige precisión: la regulación de la Agencia Nacional del Espectro establece que estos mecanismos deben impedir interferencias perjudiciales en las zonas exteriores de las cárceles.
El reto: bloquear adentro sin afectar afuera
Ese es uno de los principales desafíos técnicos. Las estaciones base cercanas a los establecimientos atienden simultáneamente zonas penitenciarias y sectores urbanos, por lo que cualquier intervención debe analizar cobertura, parámetros de red e interferencias para evitar dejar sin servicio a comunidades vecinas.
Por eso, la nueva mesa entre Gobierno y operadores no parte de cero: busca fortalecer mecanismos existentes, revisar sus limitaciones y encontrar soluciones que permitan controlar las comunicaciones ilegales sin trasladar el problema a los ciudadanos que viven alrededor de los establecimientos penitenciarios.
Me parece acertado que el Gobierno esté trabajando directamente con los operadores. En este tipo de medidas, la coordinación técnica es fundamental porque una solución efectiva debe atacar las comunicaciones ilegales sin deteriorar la calidad del servicio para quienes viven o trabajan alrededor de los centros penitenciarios. También sería importante evaluar continuamente los resultados después de implementar cada medida, especialmente para determinar si el bloqueo realmente reduce las llamadas de extorsión o simplemente provoca que los delincuentes cambien de método.
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