La política agraria busca ampliar el acceso a la propiedad, fortalecer la producción de alimentos y reducir las desigualdades en el sector rural
En su reciente alocución, el presidente Gustavo Petro destacó que la gestión de la tierra es un pilar fundamental para la estabilidad del país. El enfoque principal es transformar predios improductivos en unidades agroalimentarias eficientes que beneficien directamente a las familias rurales. Esta estrategia busca saldar deudas históricas mediante mecanismos legales de redistribución y formalización de la propiedad en todas las regiones del país.
La meta institucional contempla la entrega y titulación de hectáreas destinadas a proyectos productivos sostenibles que dinamicen la economía local. Al fomentar modelos agrícolas técnicamente asistidos, se pretende sustituir prácticas de uso de suelo inadecuadas por sistemas compatibles con la vocación del territorio. Este proceso es clave para proteger los recursos hídricos y la biodiversidad en las zonas intervenidas por la Agencia Nacional de Tierras.
Funcionamiento y alcance de las Zonas de Reserva Campesina
En el marco del último Consejo de Ministros, el Gobierno Nacional presentó avances sustanciales que demuestran la ejecución de esta política agraria. Se reportó la gestión de 122.043 hectáreas destinadas a la conformación de distritos agrarios en departamentos clave como Córdoba, Antioquia, Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar y Huila. Estos distritos actúan como núcleos de desarrollo productivo y organización comunitaria.
A través del proyecto "Sembrando Vida", adscrito a estos distritos, ya se registran 963 beneficiarios directos y la creación de 1.358 unidades productivas. Estas cifras evidencian que la reforma no se limita a la tenencia de la tierra, sino que incluye el acceso a créditos de fomento y mercados. El objetivo es que estos territorios se conviertan en núcleos de soberanía alimentaria, reduciendo la dependencia de importaciones y estabilizando los precios.
El fortalecimiento del campo ha tenido un impacto positivo directo en la economía nacional. Según los datos del Ministerio de Agricultura, el sector agropecuario ha mostrado un dinamismo notable, reflejado en un crecimiento del 34.4% en las exportaciones durante el último año. Esto consolida al campo como un motor de divisas y diversificación económica.
Recuperación de predios y seguridad jurídica
A continuación, se presenta un balance visual de los resultados en materia de restitución de tierras, comparando la gestión actual con periodos anteriores. Esta gráfica detalla los avances en hectáreas entregadas, con sentencias judiciales, en demanda ante jueces y las solicitudes inscritas en el Registro de Tierras Despojadas (RTDAF):
Como se observa en la gráfica, el avance en hectáreas entregadas bajo el periodo del presidente Petro reporta 277.675 hectáreas, cifra que supera ampliamente los registros de periodos anteriores. En cuanto a hectáreas con sentencias judiciales a favor de las víctimas, la gestión actual alcanza las 342.222, lo que demuestra una aceleración significativa en los procesos legales para la recuperación legal de los predios.
El balance de restitución también expone que las solicitudes en demanda ante jueces superan las 8.3 millones de hectáreas, reflejando la magnitud de la deuda histórica que el Estado está gestionando con celeridad administrativa. Por su parte, las hectáreas inscritas en el Registro de Tierras Despojadas (RTDAF) alcanzan los 8.2 millones, consolidando un registro técnico y transparente para la reparación de las víctimas del despojo.
Desde Urna de Cristal, promovemos el control social para asegurar que estos beneficios lleguen de manera transparente a los ciudadanos que cumplen los requisitos. La vigilancia comunitaria es esencial para que la redistribución de la riqueza rural cumpla con su función social y ambiental. Invitamos a la ciudadanía a consultar periódicamente los tableros de control de la Unidad de Restitución de Tierras.
Finalmente, el fortalecimiento del campo se proyecta como la estrategia principal para generar empleo rural y mejorar la calidad de vida en las zonas más afectadas por el conflicto. El éxito de esta política agraria depende de la articulación técnica entre el Ministerio de Agricultura, los entes territoriales y las organizaciones sociales. Juntos estamos construyendo un mapa de desarrollo rural basado en la producción, la equidad y la legalidad.